Destacaron que «en los últimos meses», se asiste «con preocupación la instalación en la agenda política y mediática de discursos cargados de odio, caracterizados por un negacionismo que busca en lo profundo revindicar aquellas acciones del genocidio e invalidar las políticas de derechos humanos».
DISCRIMINACIÓN: «Ese discurso contiene mensajes de profunda discriminación contra los pueblos originarios que luchan por sus derechos, contra los jóvenes de barriadas populares, contra los colectivos de la diversidad y a través de sus voceros, amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, alientan la peor violencia social e institucional en democracia. Hemos atravesado con fuertes luchas y resistencias, cuatro años del gobierno neoliberal que retrasó las políticas de Memoria Verdad y Justicia, recortó los derechos sociales de la población y dejó como pesada herencia un brutal endeudamiento externo con el empréstito del Fondo Monetario Internacional el cual está condicionando la vida social y económica de la Argentina actual y futura», subrayaron.
DEUDA ILEGITIMA E ILEGAL: La entidades expresaron «preocupación sobre esta deuda ilegitima e ilegal y reiteramos nuestro apoyo a toda la iniciativa tendiente a superar esa dependencia y recuperar la soberanía económica y financiera necesaria para erradicar los altísimos niveles de pobreza e indigencia existentes».
ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: Consideraron «de particular gravedad el accionar de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones que, al margen de las normas vigentes, continúan con prácticas represivas ilegales, el gatillo fácil, las torturas en comisarías, como los asesinatos de Lucas González en Barracas, Alejandro Martínez en San Clemente, provincia de Buenos Aires, o el joven mapuche Elías Garay en El Bolsón, Rio Negro, en cuyo territorio cercado por las fuerzas de seguridad, la policía local no impidió el ataque de personeros de civil que terminaron con su vida y lastimaron gravemente a otro compañero».
Estos hechos «no pueden ser desvinculados de los reiterados mensajes punitivos que producen candidatos y funcionarios de distintos colores políticos promoviendo la violencia estatal. El énfasis en el castigo y en el uso de la prisión como respuesta generalizada nos condujo al actual estado de catástrofe de las cárceles y comisarías».
«Consideramos inaceptable la situación de los numerosos presos y presas políticas por los cuales venimos exigiendo de manera incansable su inmediata libertad», insistieron.
Señalaron que «es tiempo de recuperar la iniciativa a fin de enfrentar los embates negacionistas y neoliberales presentes, como estrategia de lucha y camino necesario para abrir paso a las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos».
El documento fue suscripto por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los derechos humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los derechos humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Provincial Memoria y Justicia Zona Norte, Centro de Estudios Legales y Sociales y Asociación Buena Memoria.
