Así fue resuelto en los últimos días en el expediente judicial iniciado en el mes de enero a raíz de la denuncia presentada por la SubDDI en contra de dos empresarios del rubro de la gastronomía y el entretenimiento nocturno.
Según lo informado, de la presentación realizada por la SubDDI surgió que en ocasión de investigar la agresión sufrida por un adolescente en la puerta de su casa por parte de otros dos jóvenes en la madrugada del 25 de diciembre del año pasado, que tuvo como consecuencia la hospitalización de la víctima con lesiones graves, la autoridad policial pudo establecer que en realidad el agredido había concurrido antes al evento en cuestión, en donde se habría originado una gresca entre la víctima y sus victimarios que motivó la intervención del personal de seguridad privada quienes aplicaron el derecho de permanencia y expulsaron a los involucrados, situación que motivó que la pelea continuara en la vía pública con el desenlace ya mencionado.
Con el avance de la pesquisa la policía de investigaciones recibió múltiples declaraciones testimoniales, realizó el análisis de cámaras de seguridad y requirió al Municipio y a la Dirección del Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (personal de seguridad de locales bailables), estableciendo que dentro del predio donde se celebraba la fiesta, el joven hospitalizado habría iniciado la riña, golpeando a uno de los otros involucrados, lo que generó luego la sucesión de hechos violentos que terminaron con ambas partes heridas.
DECLARACIONES
Con el resultado de estas diligencias judiciales, la SubDDI pudo constatar que ambos organizadores del evento, al declarar testimonialmente en esa sede policial los días 6 y 7 de enero del corriente año "se manifestaron con evidente mendacidad y falsedad en sus dichos y omitieron intencionalmente mencionar nada o aportar datos respecto de la agresión que se iniciara dentro del evento musical bailable por ellos organizado, con el fin de beneficiar en la investigación a la parte que iniciara la gresca, de la que se determinó existía una amistad previa".
El informe policial añade que "asimismo, ocultaron maliciosamente que el personal abocado al control de admisión y permanencia en la fiesta (empleados de seguridad privada), no se encontraban legalmente habilitados como le exigía el Municipio al momento de autorizar el evento".
En el expediente judicial en el que se les imputó a ambos empresarios el delito de falso testimonio agravado por su comisión en causa criminal, la Justicia resolvió imponer a ambos el pago de una suma de dinero (no especificada) en concepto de "reparación del daño a la administración de justicia", decisión que fue ratificada por la Fiscalía general, consentida por el abogado defensor de los imputados y notificados ambos empresarios.
El monto de dinero será destinado a la Sociedad de Protección a la Infancia por decisión del titular de la Fiscalía Descentralizada, Dr. Rodolfo Moure.
