La conmoción social del femicidio de Micaela García en el año 2016 y la violencia institucional que develó, dieron fuerza a demandas históricas que exigían reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional, que pusieran en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado y a todos los agentes que lo conforman en sus distintos niveles y jerarquías. A partir de esto se promulgó en el año 2019 la ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
