Al igual que Nación, Axel Kicillof condenó las tomas y sostuvo que son “un delito”, pero también dijo que hay grupos que incentivan las usurpaciones y que “se abusan de las necesidades” de la gente. Es una modalidad que se repite, según evaluaron con los intendentes en la reunión del jueves, en algunas tomas donde hay profesionales-como abogados y escribanos- que alientan la toma para quedarse luego con los terrenos.
Déficit
Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, recogidos por “Tiempo Argentino”, el déficit actual es de 900 mil viviendas. La gestión de María Eugenia Vidal sólo construyó a razón de 2 mil viviendas por año. Dejó 5700 casas paralizadas por más de dos años por falta de pago en cincuenta municipios. Algunas registraban un avance de obra del 80% y acumularon un grado de deterioro importante.
Durante la reunión con los jefes comunales, Kicillof anunció que se construirán 8 mil viviendas entre 2020 y 2021. El plan está contemplado dentro del programa de reactivación “Provincia en marcha” que se anunció el martes para la post pandemia. Por un lado se terminarán las casas que Cambiemos dejó a medio hacer y además se construirán unas 2300 nuevas, todas con servicios incluidos, que se financiarán con fondos nacionales y provinciales. A esto se suma el plan que tiene a su cargo el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) para urbanizar los barrios populares de 14 municipios de la provincia, como el de Villa Azul, que sufrió uno de los primeros brotes de coronavirus.
Ubicación de las usurpaciones
Según dio cuenta el diario “Tiempo Argentino”, Las usurpaciones más grandes fueron las de Guernica, en Presidente Perón, la de Victoria en San Fernando y la de Los Hornos en La Plata. Pero también hubo usurpaciones o situaciones tensas en La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, Ezeiza, Lanús, José C. Paz, Mar del Plata, Moreno, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Hurlingham, Bahía Blanca, entre otros. En lo que va del año, el Ministerio de Seguridad realizó 868 procedimientos para desactivar y desalojar tomas y detuvo a 524 personas. Hay 71 tomas judicializadas a la espera de una resolución, algunas desde 2016.
