Con la ayuda de Nación, Kicillof controló la mayor crisis que enfrentó desde que asumió

El gobernador bonaerense Axel Kicillof enfrentó la semana más compleja de su gobierno a partir de una protesta policial que logró controlar, con la ayuda del Gobierno nacional, tras anunciar el aumento del salario mínimo de los efectivos a 44 mil pesos, equiparándolo con los sueldos del personal de las fuerzas federales, al que se le sumará un bono de 5 mil pesos por única vez.

Al paquete de medidas anunciadas el jueves, que incluyen también aumentos en el monto para la compra de uniformes y la triplicación de las horas extra, se le suma el bono por única vez, según decidió anoche Kicilllof, informaron hoy a Télam fuentes oficiales.

Entre lunes y jueves, distintos grupos de policías retirados y en actividad desarrollaron un reclamo para solicitar mejores condiciones laborales y aumentos salariales en diferentes ciudades del interior provincial y del conurbano, con epicentro en el Centro de Coordinación Estratégica en Puente 12 de La Matanza.

Cuando comenzó la protesta de los uniformados en Adrogué y en La Plata, el lunes por la tarde, Kicillof se encontraba en la Gobernación junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco; los ministros de Hacienda, Pablo López; de Desarrollo, Andrés Larroque; de Seguridad, Sergio Berni; y de Comunicación, Jésica Rey; y el asesor general, Santiago Pérez Teruel.

En el Poder Ejecutivo bonaerense reconocen que Berni, "estaba al tanto desde hacía unos días de la convocatoria que se estaba gestando en redes sociales" pero subestimó la magnitud que el reclamo podía adquirir.

Al caer la noche de ese día, tres de los colaboradores más cercanos al mandatario bonaerense salieron de la Casa de Gobierno y, mientras caminaban entre los policías que se manifestaban en las calles, advirtieron que la marcha cobraba mayor volumen y decidieron regresar.

A la mañana siguiente, a pesar de que Berni y Bianco anunciaron que se otorgaría una suba salarial hacia finales de la semana, las protestas se extendieron en el territorio y alcanzaron su pico de tensión el miércoles cuando llegó a las puertas de la residencia presidencial de Olivos.

Desde el inicio del conflicto, representantes de la administración provincial consideraron que el reclamo de los efectivos era "legítimo" debido a que en los últimos cuatro años su sueldo cayó un 30% en términos reales y ponderaron la labor policial en el marco de la pandemia de coronavirus.

No obstante, tanto el Poder Ejecutivo como dirigentes del peronismo, del sindicalismo y de organizaciones sociales cuestionaron el método de la manifestación y resaltaron la matriz política del reclamo.

Es que la protesta de los uniformados, que en muchos casos incluyó toques de sirenas en patrulleros, se trasladó a las inmediaciones de la Quinta de Olivos y de la residencia en la que viven Kicillof y su familia en La Plata, ubicada en la misma manzana que la Casa de Gobierno.

A lo largo de esos días, Kicillof mantuvo constantes contactos con intendentes del Gran Buenos Aires y escuchó particularmente los consejos de Alejandro Granados, exministro de Seguridad.

En las horas más difíciles, muchos de los colaboradores de Kicillof sugerían anticipar el anuncio sobre la suba salarial para aquietar la situación y evitar que se generen hechos delictivos ante la creencia de que podía haber "zonas liberadas" ante la ausencia policial.

Desde su entorno sostienen que el gobernador conservó la calma, garantizó a través de los jefes comunales que en todos los distritos hubiera patrullajes y avanzó en conversaciones con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.

"Desde antes de asumir se venía planteando la necesidad de recuperar puntos perdidos de coparticipación que le corresponden a la provincia. Ante este escenario de conflicto, Axel dijo desde el mismo lunes que era necesaria una respuesta estructural y no un parche", indican en la Gobernación.

El martes, en la previa del acto en una planta de Campana, Fernández y Kicillof volvieron a conversar adentro de una camioneta acerca de la necesidad de darle a la provincia un punto de los fondos adicionales coparticipables que se destinaban a la Ciudad para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri.

Al día siguiente -en un encuentro en Quilmes- el primer mandatario le confirmó al gobernador que esa misma tarde haría el anuncio sobre la creación de un Fondo de Fortalecimiento para la provincia de Buenos Aires, lo que le permitió a Kicillof garantizar los recursos para poder concretar el programa de seguridad y la suba salarial para la policía.

Ese punto de coparticipación representará para la provincia unos 9 mil millones de pesos para este año y 45 mil millones para el 2021, aproximadamente un mes de recaudación propia, lo que da aire financiero a un Estado con 120 mi millones de pesos de déficit.

A las pocas horas de los anuncios del jueves, los uniformados levantaron las protestas que mantenían y Kicillof ratificó al ministro Berni en el cargo.

En La Plata reconocen que la crisis policial precipitó una decisión que tarde o temprano debía adoptarse: la recuperación de ese punto de coparticipación que "queda en la provincia para todos los bonaerenses".

Tras la decisión presidencial, Kicillof anunció el jueves que un total de 39.521 oficiales de policía pasarán percibir un salario de bolsillo de 44 mil pesos y otras mejoras: la compra de uniformes se elevará de 1.100 pesos a 5.000, y se triplicará a 120 pesos las denominadas horas extra, que estaban congeladas en 40 pesos.

A modo de autocrítica, las fuentes bonaerenses admiten que es "evidente que no estaba esa capacidad de conducción de la fuerza que él siempre mostró" y evalúan que "se debe revisar qué falló en la cadena de mando porque entre un reclamo salarial y lo que pasó hay una distancia enorme".

Reclamo de otros gremios

El anuncio para la policía además generó que los gremios que representan a los trabajadores públicos, médicos, judiciales y docentes reclamaran mejoras salariales y la reapertura de las negociaciones paritarias.

En ese sentido, desde la administración bonaerense explican que la gestión de Kicillof viene trabajando desde hace semanas en "esquemas de actualización salarial para los diferentes sectores de trabajadores bonaerenses" y anticiparon que en breve se los convocará.

En ese marco, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, "ya está en diálogo con todos los sectores" pero remarcan que "la policía era el más relegado" debido a que "los docentes y los trabajadores de la salud tuvieron incrementos en lo que va del año y no perdieron contra la inflación".

Para el Gobierno de Kicillof, la actualización de los salarios es un punto "clave" en el plan de reactivación para la postpandemia que el mandatario presentó hace unos días, donde el consumo "necesita de una inyección de dinero en el bolsillo de los trabajadores".

Satisfechos, en la Gobernación asumen que el conflicto no sólo logró ser contenido en poco tiempo sino que se alcanzó una solución de fondo, con recursos que permanecerán en la provincia.
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