Señalan que de ese total, 22 fueron muertes ocurridas en cárceles y 14 en comisarías, a pesar de que es mucho menor la circulación de personas en las calles. Afirman que 24 muertes fueron debidas a fusilamientos de gatillo fácil, a lo cual se suman dos femicidios y un femicidio relacionado cometidos por miembros de fuerzas de seguridad; dos son muertes “intrafuerza” y uno resultado de otro hecho de criminalidad policial; dos corresponden a “otras modalidades” (los dos chicos arrollados deliberadamente por un patrullero en San Nicolás) y tres son desapariciones forzadas (Luis Armando Espinoza en Tucumán, Francisco Valentín Cruz en Florencio Varela, ambos encontrados sin vida días después de ser detenidos por personal policial, y Facundo Astudillo Castro, del que nada sabemos hace casi tres meses).
Entre el 20 y el 31 de marzo la CORREPI registró 13 casos; en el mes de abril, 18; en mayo, 16; en junio, 14, y en lo que va de julio, 10.
Según dicha entidad, aparecen como responsables todas las fuerzas de seguridad, federales y provinciales:
- Policías provinciales: 37 casos (Buenos Aires 21; Tucumán 4; San Luis 3; Santa Cruz 3; Córdoba, 2; Corrientes 1; Jujuy 1; Santiago del Estero 1; Chubut 1).
- Policía de la Ciudad: 7 casos (todos gatillo fácil, 1 en CABA, 6 en provincia de Buenos Aires).
- Policía Federal: 3 casos (todos gatillo fácil y en provincia de Buenos Aires).
- Gendarmería: 1 caso (gatillo fácil en CABA).
- Servicio Penitenciario Federal: 2 casos (una muerte en cárcel federal, una intrafuerza).
- Servicios Penitenciarios provinciales: 19 casos (Santa Fe 9; Mendoza 3; Buenos Aires 3; San Luis 3; Corrientes 1).
Por eso denunciamos el reciente acuerdo celebrado entre la provincia de Buenos Aires y la Nación para desplegar todavía más fuerzas federales en localidades del conurbano bonaerense, con la excusa de operativos de control que den “mayor eficiencia preventiva” a la presencia de las fuerzas en la provincia de Buenos Aires, que sólo aportará más represión y más muerte”.