Señaló en su presentación que los hechos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en su despliegue por controlar el cumplimiento de la cuarentena tuvieron como víctimas en su mayoría a niños, niñas y jóvenes de los barrios mas pobres, y trabajadores informales o desocupados que estaban en la calle para proveerse de comida diaria.
La Comisión Provincial de la Memoria pidió mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad bonaerenses y que se investiguen y sancionen estos hechos de torturas o malos tratos. Al menos habría 40 víctimas.
El organismo remarcó que ante esta situación, “ el Estado tiene atribuciones para limitar la libertad ambulatoria en la medida en que esto no implique un cercenamiento ilegal o arbitrario de otros derechos tales como la vida, la integridad física y la salud ”.
Señaló también que la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Afirmó que tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias.
