Los datos, que contrastan con el discurso oficialista que hizo eje en el combate a la inseguridad, se desprenden del informe anual sobre el fuero criminal y correccional difundido por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General bonaerense.
Según el relevamiento del organismo que comanda el procurador Julio Conte Grand, las investigaciones penales preparatorias (IPP) por diversos delitos aumentaron un 6,6 por ciento anual en 2018 en la provincia de Buenos Aires.
El informe oficial consigna que en 2018 se realizaron 850.908 IPP, lo que implica 52.423 causas más que las 798.485 de 2017, en los 19 departamentos judiciales de la provincia.
Entre los hechos delictivos que más aumentaron están los considerados como "otros hurtos agravados" (en los que hay mayoritariamente uso de arma blanca), con un 63,3 por ciento anual --pasaron de 818 en 2017 a 1.336 en 2018--. En segundo lugar se ubicaron las estafas: 12.971 casos que representan un alza del 55,4 por ciento, seguido por los secuestros extorsivos, con un incremento del 50 por ciento: pasaron de 36 a 54 casos.
En conjunto, los delitos contra la propiedad en el territorio bonaerense registraron una suba del 16,1 por ciento. Desglosados: los hurtos se acrecentaron un 29,6 por ciento, 67.022 hechos que implicaron 15.292 episodios más que en 2017; el robo tuvo un alza del 17,2 por ciento (de 74.157 a 86.935), y el robo agravado con arma de fuego un 3,8 al pasar de 51.408 casos en 2017 a 53.348 en 2018.
A esto se suma que al menos 36.662 vehículos que estaban estacionados en la vía pública de la provincia sufrieron algún tipo de "hurto agravado", es decir, un 5 por ciento más que en 2017.
Los delitos contra la integridad sexual también marcaron un crecimiento: de 13.632 pasaron a 17.503, un 28,4 por ciento más.
El Dr. Mario Juliano, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina y juez penal de Necochea señaló: "estos números que llaman la atención darían cuenta de que las políticas en materia de seguridad del gobierno provincial, de copamiento territorial y de restricciones en materia judicial no están dando resultados". Remarcó que el otro caballito de batalla de la gestión provincial, que tiene a la lucha contra el narcotráfico como eje, tampoco está funcionando. Expresó además que los datos muestran que "la tasa de delitos creció 6,6 por ciento, pero la población carcelaria se incrementó un 12, pasando de 47.000 a 53.000", personas presas.
La directora general de la Comisión Provincial por la Memorial (CPM), Sandra Raggio, sostuvo que "las políticas de mano dura que cercenan derechos son altamente ineficaces para combatir delito, como tanto pregonan. Porque no se implementan para eso, son formas de gobierno, control y represión de los sectores más vulnerables y pobres".
