La orden de captura fue dictada el pasado viernes por el juzgado de ejecución penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, en una causa en la que un joven de 27 años de edad, fue condenado a la pena de 6 años de prisión en la cual estaba gozando del régimen de Libertad Asistida, por haber sido encontrado autor penalmente responsable del delito de Robo Agravado, Privación Ilegal de la Libertad, el cual cometiera en esta localidad en el 2013.
Tras realizar distintas averiguaciones, el personal de la DDI a cargo de Maximiliano Blanco Ríos pudo establecer el actual domicilio del condenado
Cuando el detenido fue trasladado a la DDI, se acercaron a la dependencia policial familiares y allegados del mismo, entre ellos sus patrones, quienes dieron un concepto favorable del mismo y pidieron por su libertad ya que, según sus dichos, su empleado no pudo presentarse a firmar al Patronato de Liberados en razón de que estuvo con mucha carga laboral.
El joven que gozaba de dicha pena morigerada, fue trasladado a la Unidad Penal 15 de Batán, hasta que sea convocado en audiencia ante S.S. donde deberá explicar los motivos por los que incumplió con las condiciones de su libertad condicional.
El ilícito que se le imputa al joven, ocurrió el 8 de febrero de 2013, cuando éste junto a un cómplice y cerca de las 22 horas, aborda en la avda. Kelly entre 31 y 29 un remis conducido por Alejandro Pogonza con destino al paraje Arroyo Grande (próximo a Coronel Vidal), para luego de transitar unos 20 kilómetros por la ruta 55, ambos sujetos armados con un arma de fuego y un cuchillo, obligan al conductor a detener la marcha en la banquina, le dan un golpe en la cabeza para reducirlo, lo introducen en el baúl del auto y comienzan la marcha con el mismo, para luego dejar a la víctima abandonada en un camino vecinal, llevándose el automóvil, dinero en efectivo, las zapatillas del mismo y otros efectos personales.
Este tipo de procedimientos hacen a la misión esencial de la Policía de Investigaciones, funciones entre las que se encuentra la de colaborar en la investigación penal preparatoria (IPP) a cargo del Ministerio Público Fiscal y auxiliar a los Tribunales Penales en cualquier etapa del proceso penal a su requerimiento, ello según la Ley 13482 que regula cada una de las responsabilidades de las distintas fuerzas policiales.
