Los trabajadores rurales empleados en la cosecha de maíz fueron a realizar extracciones de su dinero al cajero automático de la entidad bancaria. Se constató que ninguno cuenta con antecedentes penales.
Se presume que dichos ciudadanos, de piel cobriza y aspecto humilde, provienen en su mayoría del norte argentino y de países limítrofes.
La imagen ofrecida por los policías actuando sobre los indefensos trabajadores obligados a inclinarse mirando a la pared hizo recordar las lamentables escenas vividas durante la mas trágica dictadura cívico-militar que asoló a los argentinos.
La inmediata presencia de quien suscribe esta nota, responsable del portal "Infórmese Primero" y de Radio Eben Eser, motivó el fastidio del efectivo policial identificado como Juan Pablo Gómez Parra quien pretendió impedir el desarrollo de mi tarea informativa y profesional en el lugar, intentando cercenar el derecho de libertad de prensa.
Ante todo ello caben las siguientes preguntas:
a.- ¿ Qué autoridad dispuso dicho procedimiento sobre los citados trabajadores rurales ?
b.- ¿ Quién autorizó la requisa sobre los mismos ?
c.- ¿ Qué delito previamente cometido o que actitud del conjunto de dichos trabajadores generaron el despliegue de semejante accionar sobre ellos ?
d.- ¿ Qué criterio utilizó la Policía al optar por cachear y requisar a los referidos ciudadanos y no a otros ?
e.- ¿ El color de la piel de los peones de campo y su aspecto de marcada humildad fueron los detonantes de los registros policiales ?
Pocos días atrás una joven pareja denunció públicamente haber sufrido violencia policial en nuestra ciudad. Poco tiempo atrás se denunciaron apremios por parte de uniformados... . Ahora esto.
Resulta imprescindible que el Sr. Intendente Municipal, responsable de la Policía comunal, intervenga con urgencia y evite a todos los seres humanos que transitamos Balcarce el padecimiento de hechos que afectan nuestros derechos.
También resulta imprescindible que el Sr. Intendente Municipal instruya a los efectivos policiales a fin de que no intenten cercenar nuestro derecho a trabajar e informar a la población.
Ya transcurrieron 33 años de vigencia de las instituciones democráticas y del estado de derecho en la Argentina. Son suficientes para que estos hechos dejen de ocurrir.
