El Poder Ejecutivo tiene un plazo de cinco días hábiles para cumplir con la ley, de lo contrario, algunos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Andis, Alejandro Vilches, podrían recibir multas por desobediencia judicial.
Adrián González Charvay, el juez que intimó al Gobierno, fue el responsable de invalidar el decreto que suspendía la Ley de Emergencia y ordenó que sea ejecutada en todo el país.
Esta resolución judicial estableció que la orden se cumpla de inmediato, por lo que, una vez notificado el fallo, el Gobierno queda automáticamente obligado a atender el reclamo del colectivo alcanzado.
La Ley de Emergencia en discapacidad había sido aprobada a mediados del año pasado y declaraba la emergencia hasta diciembre de 2026 con posibilidad de prorrogarla hasta fines de 2027. El presidente, Javier Milei, vetó el proyecto, pero ambas cámaras del Congreso rechazaron ese veto. De igual manera, el Ejecutivo frenó la ley mediante el decreto 681/2025, considerando que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.
Rápidamente, dos familias que tienen hijos con el Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial con el apoyo del colectivo de discapacidad de todo el país. Ellos sostuvieron que “la suspensión profundiza la situación de desprotección de miles de personas que dependen de tratamientos, prestaciones y apoyos que ya se encontraban afectados por la crisis económica y el desfinanciamiento”.
El Gobierno justificó la suspensión con argumentos fiscales y sostuvo que la aplicación de la ley sin partidas específicas podría afectar el funcionamiento de otras áreas del Estado. También planteó que cualquier reasignación presupuestaria le corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo. Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados por el juez González Charvay, que remarcó que la Constitución obliga al Ejecutivo a promulgar y cumplir la ley sin condicionamientos.
Fuente: Diario Popular
