Tras una compleja investigación, desde la Fiscalía N° 17, a cargo del fiscal Javier Pizzo, se solicitó la elevación a juicio de tres hombres y dos mujeres por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito (artículo 173, inciso 15, del Código Penal), cometido en concurso real por reiteración de hechos y con distintos grados de participación.
Entre los acusados figuran un hombre y una mujer que mantienen una relación sentimental y que, al momento de los hechos, se encontraban detenidos: él en la Unidad Penal N° 15, con condenas por robo doblemente agravado, y ella en la Unidad Penal N° 50, por comercialización de estupefacientes.
Según la investigación, la pareja lideraba una banda dedicada a utilizar tarjetas de crédito robadas en diferentes localidades bonaerenses para realizar compras. Aunque estaban privados de la libertad, habrían dirigido las maniobras delictivas desde prisión utilizando teléfonos celulares. Coordinaban las compras fraudulentas, seleccionaban los productos y daban instrucciones a los demás miembros sobre cómo actuar, además de distribuir las ganancias obtenidas.
Un tercer imputado, en libertad, se ocupaba de la logística: contrataba o realizaba personalmente los traslados de los productos desde los comercios hasta los domicilios indicados por los organizadores. Por su parte, dos mujeres —una de ellas pareja de uno de los organizadores— publicaban y ofrecían los productos a través de redes sociales, principalmente Facebook Marketplace.
Vendían colchones, sommiers y juguetes eléctricos nuevos a precios muy por debajo del valor de mercado, lo que despertó sospechas. Una vez concretadas las ventas, entregaban los productos y luego informaban al resto del grupo, recibiendo una comisión. De acuerdo con la acusación, ambas sabían del origen ilícito de la mercadería, ya que mantenían comunicación frecuente con los organizadores, incluso mientras estos se encontraban detenidos.
Fraudes desde la cárcel
Entre el 12 y el 13 de septiembre de 2022, los imputados habrían utilizado datos de tarjetas de crédito de distintos titulares sin su autorización para adquirir productos —principalmente autos eléctricos para niños, colchones y sommiers— a través de plataformas digitales. Las compras fueron abonadas mediante sistemas de pago electrónico y, aunque algunas operaciones fueron inicialmente aprobadas, posteriormente fueron canceladas al detectarse el fraude.
Los productos eran retirados por un fletero contratado por la banda y trasladados a diferentes domicilios designados por los autores. Luego, eran ofrecidos en redes sociales por otras personas involucradas, quienes recibían comisiones por las ventas.
Para los investigadores, tanto el fletero como las vendedoras debieron advertir la naturaleza irregular de las operaciones, ya que realizaban numerosos traslados a distintos domicilios cuyos destinatarios no coincidían con los titulares de las tarjetas utilizadas. En la causa, las escuchas telefónicas revelaron conversaciones sobre precios, métodos de cobro y estrategias para ocultar el origen ilícito de los productos.
La investigación tuvo como dificultad la utilización de teléfonos prepagos obtenidos con documentos de terceros, por lo que el titular de la línea no coincidía con quien realmente la usaba. Gracias a la geolocalización de antenas, se determinó que las líneas utilizadas se activaban desde Batán, concretamente en las unidades penitenciarias N° 15 y N° 50. Con esa información, la fiscalía solicitó la intervención de los teléfonos y logró reconstruir cómo operaba la banda desde prisión, así como la relación entre los miembros y sus contactos externos.
Posteriormente, se realizaron allanamientos en los penales, donde se secuestraron celulares y otros elementos que fueron incorporados como pruebas en la causa.
El uso de celulares en las cárceles bonaerenses
El uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires nació como una medida excepcional durante la pandemia de Covid-19. En 2020, por decisión del Tribunal de Casación Penal y mediante un protocolo del Servicio Penitenciario Bonaerense, se autorizó a las personas privadas de la libertad a utilizar líneas móviles registradas para mantener contacto con sus familias, ante la suspensión de las visitas. La consigna formal era clara: aparatos identificados, uso limitado a los sectores de alojamiento y secuestro en caso de utilización indebida.
Con el fin de las restricciones sanitarias, aquella medida excepcional se transformó en una práctica extendida que hoy continúa sin una regulación integral. Se trata de una zona gris entre la necesidad de comunicación, las recomendaciones de organismos de derechos humanos y la discrecionalidad del régimen penitenciario. Diversos informes y trabajos académicos destacan que el acceso controlado a celulares contribuyó a reducir tensiones intramuros, fortalecer vínculos familiares y facilitar el contacto con defensores, organismos de control y propuestas educativas, con impacto positivo en la conflictividad diaria dentro de las unidades.
El acceso a teléfonos móviles en las cárceles bonaerenses generó un fuerte debate político. Para el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los celulares en prisión representan una puerta abierta a estafas, extorsiones y delitos organizados desde el encierro. Bajo esa postura, impulsan un modelo de “cero celulares”, similar al que afirman tener en el sistema federal, con el objetivo de impedir que los internos “sigan delinquiendo desde la cárcel”.
Desde la gestión del intendente Guillermo Montenegro también se manifestaron en contra del uso de teléfonos por parte de los presos, argumentando que “la cárcel no es un hotel de vacaciones, sino un lugar donde se cumple una pena por un delito, y esa pena implica restricciones severas a la libertad”.
El debate actual ya no pasa por la existencia o no de los teléfonos, sino por la forma de regularlos: si avanzar hacia sistemas más estrictos de registro y supervisión tecnológica o si restringir nuevamente un derecho que, bien aplicado, ha mostrado capacidad para humanizar el encierro y disminuir la conflictividad dentro de las cárceles bonaerenses.
Fuente: Diario La Capital
