La medida fue oficializada mediante el Decreto 864/78, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma, entre otros, del presidente Javier Milei. El texto aprobado corresponde al Anexo 2 “Marco Regulatorio” de la Ley N° 26.221, que fija las condiciones para la prestación del servicio público de agua y desagües.
El decreto recuerda que la Ley Bases declaró a AySA “sujeta a privatización” y que el proceso deberá desarrollarse “de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”.
Asimismo, se indica que el traspaso al sector privado comenzó en agosto y que, en ese marco, “resulta necesario dar certeza jurídica al contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de la empresa”. Por ello, se consideró indispensable “avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura”. El procedimiento prevé transferir el 90% del paquete accionario en manos del Estado en un plazo de ocho meses.
Según los considerandos, el Ministerio de Economía detectó errores materiales en la redacción vigente del marco regulatorio, especialmente en el artículo 20 del Anexo E, que define el cálculo del “cargo por construcción”. La modificación aprobada restablece el criterio técnico anterior al Decreto 493/2025, corrigiendo una inversión involuntaria de los términos “medido” y “no medido”, que alteraba la determinación del monto a facturar.
El decreto subraya que la corrección es necesaria para garantizar certeza jurídica durante el proceso de privatización de AySA, establecido por la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilitó la venta de diversas empresas públicas.
Fuente: Diarios Bonaerenses
