Durante la presentación ante el tribunal, la Procuración del Tesoro de la Nación expuso los argumentos de apelación contra el fallo dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, al que calificó como “erróneo” y basado en una “incorrecta interpretación del derecho argentino”.
Según un comunicado oficial, los abogados del Estado destacaron que el caso debió tramitarse ante la justicia argentina, al tratarse de una controversia sujeta a la jurisdicción nacional. Además, advirtieron que la sentencia inicial se apoyó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias” y recordaron que los demandantes, Petersen Energía y Eton Park Capital Management, no adquirieron acciones en la oferta pública inicial de YPF de 1993, sino años más tarde, en operaciones privadas con Repsol en España “rodeadas de sospechas de corrupción”.
La Procuración también argumentó que esos accionistas, junto con Repsol, “drenaron recursos de YPF” mediante el pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, y que eran plenamente conscientes de que cualquier conflicto debía resolverse conforme a la legislación argentina.
En ese sentido, el organismo cuestionó que los demandantes “optaran por no acudir a los tribunales argentinos” y luego buscaran una compensación en Estados Unidos, donde —afirmó— “ningún juez local habría llegado a las mismas conclusiones”.
El comunicado apuntó además contra Burford Capital, el fondo británico que adquirió el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y ahora pretende una ganancia “superior al 37.000%”. “Burford está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener un beneficio extraordinario a partir de una controversia puramente doméstica”, señaló el texto, y acusó al fondo de intentar “interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”.
Finalmente, la Procuración del Tesoro vinculó el caso con lo que describió como “el modus operandi de gobiernos anteriores encabezados por Cristina Fernández de Kirchner”, donde —sostuvo— “determinados grupos empresariales se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”. En esa línea, acusó a los exaccionistas de Petersen de intentar beneficiarse nuevamente “a través de la especulación judicial en un tribunal extranjero sin competencia ni conocimiento del derecho argentino”.
