El comunicado oficial de la Casa Rosada calificó el hecho como “un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina”.
Influencias extranjeras y maniobra clandestina
Desde el Ejecutivo aseguraron que no se trata de “una filtración casual”, sino de una maniobra “clandestina” que incluiría la grabación de conversaciones en la sede de Balcarce 50, considerada por el Gobierno como “una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.
El entorno presidencial también alertó sobre la posible participación de actores extranjeros, con patrones de acción “similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”. Según el comunicado, la campaña de desinformación tendría como objetivo generar caos y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales.
Asimismo, se solicitó a la Justicia que adopte “medidas cautelares urgentes” para frenar nuevas filtraciones y “preservar la transparencia del proceso electoral”.
Ratificación en redes sociales
El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó la denuncia en sus redes sociales: “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó en su cuenta de X.
Supuestos responsables
Entre los señalados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el conductor Jorge Rial —quien “hace pocas semanas declaró que había que espiar al Presidente”—, el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, identificado como un “operador judicial vinculado a Fernando Pocino”, exjefe de inteligencia.
El Ejecutivo recordó que “la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas” y concluyó que los responsables deberán “rendir cuentas ante la Justicia”.
