El fiscal Rodolfo Moure había solicitado la prisión preventiva para la imputada, Ibarra. Sin embargo, su defensora, la abogada Luz Alonso Proto, pidió una audiencia ante el Juzgado de Garantías. Allí argumentó que se trató de un caso de legítima defensa, en un contexto de violencia de género, y solicitó, en caso de que se dictara la prisión preventiva, que fuera bajo arresto domiciliario.
Ambos planteos fueron apelados, y en las últimas horas el juez Gastón De Marco resolvió conceder el arresto domiciliario.
La defensa argumentó que la resolución inicial vulneraba el derecho a la libertad y al principio de inocencia, además de desoír los compromisos internacionales contra la violencia de género. Afirmó que existían pruebas suficientes que acreditaban un contexto de violencia física, psicológica y simbólica ejercida por Juan Félix Melucci durante toda la relación y en la noche del hecho.
Asimismo, la abogada señaló que debía analizarse el caso con perspectiva de género, ya que se verificaban todos los elementos para ello. No obstante, el magistrado mantuvo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”, tal como lo solicitó el fiscal, y desestimó el argumento de legítima defensa.
Entre las pruebas presentadas por la defensa figuran audios de WhatsApp enviados a una amiga, pericias químicas que detectaron sangre propia en la ropa de la imputada producto de un golpe en la nariz, y lesiones leves constatadas por personal médico.
Según una resolución de siete páginas —citada por el portal 0223— el juez De Marco entendió que no existen riesgos de entorpecimiento de la causa ni de influencia sobre testigos, ya que el monitoreo electrónico y la supervisión del Ministerio Público Fiscal permiten garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas.
