En la misiva, los firmantes expresan su interés en intercambiar opiniones con las autoridades sobre la eventual transacción y el destino que podrían tener los fondos resultantes de dicha operación. Sostienen que “la venta de un establecimiento de esta naturaleza, adquirido con el esfuerzo y aporte de anteriores generaciones, puede tener un impacto significativo en nuestra economía, en las fuentes de trabajo locales y en la calidad de los servicios que se brindan o podrían brindarse a nuestra población”.
Como antecedente, los vecinos recuerdan que 2007 se realizó una audiencia pública en el mismo HCD, antes de la concesión del matadero, lo que se considera un precedente que refuerza la necesidad de mantener espacios de diálogo con la comunidad en torno a decisiones que involucren bienes públicos.
