En su Declaración Publica señalan:
“Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión que llevó adelante Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien con la anuencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, con un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumano, en horas del mediodía del 31 de diciembre cumplió con creces la amenaza de despidos y la suspensión masiva de trabajadores y trabajadoras dependientes de esa Secretaría.
Como ya expresáramos hace pocos días, esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero.
Hoy avanza el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin y reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidas, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de “guardias pasivas”. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse.
Expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos o sometidos a contrataciones de brutal precarización laboral, sepan que estamos para acompañarles en sus demandas, y arbitraremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos por la que el Estado argentino, y sus responsables, deberán responder.
Buenos Aires, 1 de enero de 2025.”
