La Justicia había adelantado en agosto que se estaba preparando la citación por la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.
Alberto Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
Además, el juez Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esa reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.
De acuerdo con la Justicia, el decreto 823/2021 firmado por Alberto Fernández “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
La causa empezó por una auditoría interna del gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente, se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
“Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras”, dice el documento al que accedió TN.
Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
