El fallo histórico abarca también a más de 30 jerarcas y militares chavistas, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al mandatario caribeño.
La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el gobierno de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron tormentos y torturas.
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces que decidieron por unanimidad el fallo. "Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado –cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente", indicaron en el texto.
Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima. Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que ésta decida si interpone un pedido de alertas rojas.
El pedido de detención fue impulsado por el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal de Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), encabezado por el ministro de Seguridad porteña, Waldo Wolff, y apoyado por la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que también se sumó al reclamo.
“Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, sostuvo la Cámara Federal Porteña en su fallo.
“Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, agregó.
El fallo ordenó, también, “proceder de la misma forma en relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar”. Y le encomendó al juez Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, seguir recepcionando “declaraciones testimoniales de aquellos damnificados que se han presentado al tribunal”.
En tanto, Farini Duggan consideró que "las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder”.