Lo que se conocía pero se barría bajo la alfombra. Lo que la propia justicia investigó en decenas de expedientes pero no avanzaron. Lo que las autoridades deberían conocer pero no lo denunciaron porque les era funcional o alentaban. Lo que expondría la pesquisa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, no se podrían haber realizado si detrás de las maniobras no había dirigentes que estaban de los “dos lados del mostrador”, es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables; y por el otro, ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos -devenido en Unión por la Patria-, y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Si esta fuera una obra de teatro, estaría compuesta de al menos dos actos: en el primero, toman protagonismos los actores principales, los que, al menos por ahora, no están nombrados en las actuaciones judiciales. Ni magistrado, fiscal ni testigos, los han mencionado. Por ahora.
Cada uno tiene peso propio y son las cabezas de cada una de las organizaciones mencionadas o que no fueron nombradas pero formaron parte del manejo multimillonario que el gobierno Fernández destino a los programas sociales, de los cuales hizo su bandera y que administró a través de sus tres ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
En el segundo acto, los actores son los 27 imputados en el expediente que salvo en un par de casos, son piqueteros y punteros de tercer nivel en la estructura que devela la trama oscura a través de la cual se habrían desviado cientos de miles de millones de pesos para hacer política, pero que es sostener ese grado de impunidad si los jefes de esas estructuras no daban el visto bueno.
En los fundamentos de la fiscalía para solicitar las detenciones allanamientos e indagatorias Pollicita destaca “la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”.
Para ser intelectualmente honesto hay que decir que hasta ahora en el expediente no surgieron los apellidos de los jefes responsables de las organizaciones a las que pertenecían, ni de ex funcionarios. Ese sería el tercer acto de la obra teatral -por cierto dramática- que quizás se escriba cuando comiencen las indagatorias contra los acusados a los que ayer se le inhibieron los bienes y por decisión del juez de la causa no han sido detenidos de manera preventiva.
Los imputados en el expediente son 27 y forman parte de dos movimientos piqueteros. Son, además, de los más activos a la hora de reclamarle a todos los gobiernos -sin importar el color político- por más planes y alimentos para comedores y sus propias estructuras. Se trata del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). El tercer espacio que aparece mencionado es Barrios de Pie, uno de los movimientos que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cuyas principales organizaciones formaban parte del ex oficialismo. De hecho el coordinador nacional de Barrios de Pie es Daniel Menéndez, ex funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora del gobernador Axel Kicillof.
