Tal estrategia ya había sido planteada la semana que pasó. Frente a ello, Villarruel mostró una respuesta terminante: la potestad de convocar a la sesión es del pleno del cuerpo, o bien de la propia presidenta del Senado, con lo cual, el oficialismo en la Cámara Alta sostiene que, más allá de cualquier método de presión, por el momento los legisladores de Unión por la Patria no alcanzarán su cometido.
El esquema en el Senado está claro: con un bloque de 33 senadores, el kirchnerismo se encuentra a cuatro voluntades de conseguir el quorum, pero por el momento no encontró las firmas necesarias para forzar la sesión. En ese escenario, el oficialismo se mantiene firme en proteger la vigencia del DNU y evitar que sea derogado por el Senado.
En una conferencia de prensa convocada el jueves 1° de febrero, el bloque conducido por el formoseño José Mayans, había esgrimido cuestiones técnicas de interpretación del reglamento interno de la Cámara, que según entienden, avalan el pedido para que Villarruel convoque a sesionar. Ese argumento volvió a ser planteado siete días después, con una nota que ingresó formalmente al despacho de la vicepresidenta.
“Considerando que usted incumplió su obligación de citar a la sesión especial solicitada, vulnerando el artículo 20 del reglamento interno de esta Honorable Cámara, venimos nuevamente en los términos del artículo 19 del citado reglamento, a exigirle que cite a una sesión especial a celebrarse el 15 de febrero del corriente año, a las 14 horas, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70 del 20 de diciembre de 2023”, sostiene la nota firmada por bloque kirchnerista, sin el acompañamiento de legisladores de otras fuerzas.
En términos políticos, Mayans explicó que la amplitud de temas que involucra el DNU que el presidente anunció en conferencia de prensa a 9 días de iniciada su gestión, requiere un tratamiento particular de cada tema, discusión que pretenden llevar al recinto.
“El DNU deroga 79 leyes y afecta 300 en total; queremos ir al recinto para discutir capítulo por capítulo de cara a la sociedad. Nosotros tenemos una visión constructiva y no queremos oponernos por oponernos, pero este DNU está reñido por la Constitución nacional”, explicó el jefe del interbloque.
La respuesta de la vicepresidenta Villarruel a ese método de presión y desgaste del bloque opositor, llegó días después con un video publicado en su cuenta de la red social X. Allí, la compañera de fórmula del presidente Javier Milei le respondió que “ya no marcan la agenda”, e insistió en una interpretación propia del reglamento: una sesión es convocada por el pleno del cuerpo, es decir de una mayoría de senadores, o por decisión de la presidencia del Senado.
“El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época, los argentinos eligieron un cambio, y la agenda del Senado ya no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores”, fue la respuesta de la vicepresidenta.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 20/2023 entró en vigencia 10 días después de su firma y publicación en el boletín oficial. Según lo que establece la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, para derogar su contenido, es necesario la aprobación del Congreso, tanto en el Senado como en Diputados.
El kirchnerismo intenta forzar la actual correlación de fuerzas en el Senado, donde tiene 33 bancas frente a 7 de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, sobre un total de 72 escaños. Esa diferencia, sin embargo, no ha significado una mayoría, ya que las otras fuerzas, hasta el momento, se han mostrado proclives a brindarle herramientas al gobierno en el inicio de su gestión.
