La audiencia, a cargo de los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáenz Zamora, comenzará a las 12 y no tendrá la presencia de las acusadas, ya que permanecerán alojadas en el Centro de Detención de la provincia de San Luis a la espera de la resolución.
La pena no se dará a conocer mañana mismo, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.
En caso de que el Tribunal valorará las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.
También deberá definir si aceptan la calificación de crimen de odio por razones de género, planteado por el abogado querellante, José Mario Aguerrido.
En la previa de la sentencia, los familiares paternos de Lucio convocaron a una marcha en reclamo de Justicia en cercanías de los Tribunales.
Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.
Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".
A Páez, en tanto, el MPF le imputa el "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".
La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo.
Por ese motivo, en su alegato, enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.
