Del total de denunciados, 364 ya tenían sanciones previas. De los 5.602 restantes, sólo fueron sancionados y expulsados 984. Ello significa que en este momento 4.618 siguen en funciones. O sea más del 80 % de los acusados.
Los datos fueron difundidos por la Agencia de noticias judiciales Perycia, y proporcionados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de un pedido de Acceso a la Información Pública.
Según Asuntos Internos y el área de género del Ministerio de Seguridad, existe un protocolo para investigar las denuncias por violencia de género dentro de la Bonaerense. La norma 2277/12 "para la evaluación y tratamiento del personal" data de 2012, y habilita a que los hombres denunciados sigan con sus tareas habituales mientras se investiga. Hoy en día, según confiaron a Perycia fuentes de esa cartera, una investigación exitosa y con perspectiva de género demora alrededor de ocho meses. Aunque es un lapso muy largo para una mujer en potencial peligro, la regla es que sea más tiempo: hay cuatro instructores para abarcar toda la provincia.
El cierre de una Investigación Sumarial Administrativa tiene dos caminos posibles: sanción o expulsión. Como ya se dijo, menos del 20% son expulsados (se dividen entre exonerados, que no pueden volver, o cesanteados, que luego de dos años pueden pedir la reincorporación). Para el universo mayoritario de los sancionados, el castigo que les espera es ser apartados por un tiempo breve -durante el que se cobra la mitad del sueldo-, y asistir a un curso de capacitación en género al que llaman “pena accesoria”.
21 femicidios por uso letal policial :
Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, durante el 2020 hubo un femicidio cada 29 horas y el 5% de los agresores integraban alguna fuerza de seguridad. Muchas de las víctimas habían hecho denuncias anteriores o medidas judiciales en curso.
De la información de la Comisión Provincial por la Memoria surge que entre 2016 y 2019 fueron asesinadas 43 mujeres por uso letal de fuerza policial. . De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron por razones de género.
Según el CELS, entre 2010 y 2020, sólo en el AMBA, al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas policías; 17 de ellas eran funcionarias de seguridad.
El policía Matías Ezequiel Martínez, imputado del femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido en la ciudad de Rojas, fue denunciado por la víctima en tres oportunidades durante 2.021. Él tenía, además, denuncias de al menos otras dos mujeres.: los días 9 y 28 de enero y el 5 de febrero
Desde CORREPI se ha requerido que los efectivos policiales no puedan portar su arma reglamentaria fuera de su jornada laboral.
Desde distintas Organizaciones feministas y de Derechos Humanos se ha reclamado insistentemente por un sistema preventivo, por espacios de cuidados, por patrocinio jurídico gratuito, por evaluaciones de riesgo con perspectiva de género, por medidas perimetrales que no signifiquen confinamiento para las víctimas, por pulseras de control para los agresores y por capacitaciones en género genuinas en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad.
