Se trata del edificio situado sobre calle 20 y 15, donde funcionó entre otras cosas, la fiscalía descentralizada de Miramar a cargo en ese momento de Rodolfo Moure. También allí fue por muchos años la Casa del Deportista y pasaron otras dependencias comunales y del área judicial.
Cabe señalar, que actualmente la propiedad se encuentra en preocupante estado estructural y cercada por peligro de derrumbe, aunque su ubicación a cuatro cuadras de la playa y tres de la peatonal la hacen de todas maneras muy valiosa para cualquier proyecto.
Las tierras que pertenecían a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y entraron en este sistema de compra venta, ocupan toda una manzana a pocos metros de la escuela 8 de Otamendi. Según argumentaron desde el Frente de Todos, “el predio cuenta con factibilidad de servicios para la construcción de un barrio y de esa manera se buscará ir paliando la necesidad habitacional de los vecinos”.
“Se va a tratar de aplicar a la línea de desarrollos urbanísticos y el Procrear. El municipio recibe los lotes y una suma de dinero, por eso consideramos que este modelo de intercambio, por llamarlo de una manera, es muy beneficioso”, destacó la concejala, Belén Battenti.
La negociación fue criticada por los bloques de la oposición que solicitaron, entre otras cosas, que el expediente volviera a comisión, algo que fue rechazado por el oficialismo.
Juntos por el Cambio, resaltó que “el procedimiento fue desprolijo y los valores de una propiedad y otra no estaban claros”.
Se objetó además desde el unibloque Cangapol, a través del edil César Pafundi, “el vender patrimonio municipal en función de poder comprar algo que puede ser fácilmente adquirido a través de un crédito hipotecario con tasas beneficiosas y a largo plazo”.
