Contó con la organización de la Dirección de Recursos Humanos, el área de Género y la Defensoría del Pueblo, a través de su representante en la ciudad, Dra. Fernanda Ruzza.
Es una normativa promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.
El objetivo de la formación es que los empleados públicos puedan adquirir herramientas conceptuales vinculadas al conocimiento de los derechos humanos con perspectiva de género y diversidad sexual.
Funcionarios
Cabe señalar que en el transcurso de octubre y noviembre los funcionarios municipales también transitaron por esta instancia. Incluyó a secretarios, directores y coordinadores del Ejecutivo, como también a integrantes del Departamento Deliberativo.
