Radares y fotomultas, otra vez en discusión

Hace cuatro años, la Municipalidad dejó sin efecto las multas de tránsito confeccionadas a instancias de un radar ubicado en la ruta 55 a partir de la intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense por quejas de infractores sobre aparentes contradicciones entre la información de las multas fotográficas y los datos reales de los vehículos sancionados. Pero además hubo cuestionamientos por la ausencia de un fuero jurisdiccional para tramitar las actuaciones, lo que impedía a la gente realizar los descargos correspondientes.

Por ese motivo, el intendente Esteban Reino dio de baja el convenio que vinculaba a la Comuna con la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional La Plata), que acordaba desarrollar un programa municipal de tránsito y seguridad vial, que incluía el control de los radares y el registro y expedición de multas fotográficas.

LICITACIÓN DISCUTIDA

Ayer, en la decimoquinta sesión ordinaria del deliberativo, el tratamiento de un despacho sobre el llamado a licitación para la contratación de servicios de control (radares), ordenamiento de tránsito y seguridad vial dividió las aguas entre el oficialismo y la oposición. Como se escucha en forma repetida en el recinto por parte de distintos oradores, la diferencia no estuvo en el espíritu del proyecto sino en la metodología seguida a la hora de debatir el contenido porque la oposición cuestionó al Ejecutivo por no enviar información detallada, considerada necesaria para evitar "sorpresas".

Miriam Salvo (Juntos por el Cambio) explicó que el proyecto de Ordenanza en cuestión está avalado por la ley nacional 24.479 y la provincial 13.997, que tienen ingerencia en las zonas urbana y suburbana, rutas y cruces semaforizados.

Para conseguir que disminuyan los accidentes viales y adoptar medidas preventivas "es que el Municipio puede acceder a una serie de medidas eficaces para lograr el objetivo" comentó Salvo, entre ellas la colocación de radares fijos y móviles. Dijo también que la contratación sería por cuatro años y la autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno.

RECHAZO OPOSITOR

La explicación ofrecida fue insuficiente para los bloques Cumplir, Unidad Ciudadana y Frente de Todos, que mantuvieron la postura esgrimida al momento de la votación en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ecología y Medio Ambiente donde rechazaron la aprobación.

Eugenio Gardella, Mónica Llarena y Sol Di Gerónimo entendieron que no había "elementos suficientes para opinar con precisión", aludiendo a un mapa estadístico sobre siniestros viales. "Era prioritaria esa información para trabajar en los controles", aseguró Gardella lamentando que el oficialismo no haya demorado un par de semanas más su tratamiento si hubiera aportado más elementos sólidos para su análisis.

Tampoco entendió, y así lo manifestó, el "apuro" del Ejecutivo en este tema.

En su intervención, Llarena consideró que era importante establecer la necesidad o no de usar radares recordando que hay un tema de fondo relacionado con los controles y la legalidad del uso de estos equipos. No obstante, abogó por la existencia de más controles urbanos.

Intervino Sebastián Pinilla (JxC) diciendo que los radares "son sancionatorios y el infractor debe pagar por su conducta", y también remarcó que su utilización servirá para que haya menos accidentes de tránsito.

Se sumó al debate Di Gerónimo apuntando al Observatorio de Seguridad Vial que existe en este distrito pero que "no sabemos qué hace porque nunca envió un informe. Necesitamos explicaciones. El pliego licitatorio no dice nada. Si se hubiera enviado información, lo podríamos haber aprobado. Pretendíamos saber de dónde se desprende esta necesidad".

Quien hasta entonces se había mostrado como simple escucha decidió sumarse a la discusión del tema. El concejal Agustín Cassini (JxC) no ocultó su malestar por las expresiones de la oposición referidas a la falta de información y para ello se remitió al contenido mismo del proyecto donde, aseguró, están los datos reclamados. "Me sorprende el desconocimiento de algunos ediles. La iniciativa ingresó al 28 del mes pasado, tiempo más que suficiente para su lectura", aludiendo al proyecto.

No dejó pasar por alto Gardella el comentario de Cassini. Le aclaró que lo que se quería era "más debate". También intervino Di Gerónimo, recordándole al oficialismo lo ocurrido con el pliego licitatorio del transporte urbano de pasajeros. "Nos mintieron aquella vez -manifestó- cuando preguntábamos si Balcarbus era El Rápido. No queremos tener sorpresas una vez más. Queremos ser parte de la discusión, que se nos escuche".

Si de leer se trata, María Angélica Pajín (Unidad Ciudadana) "disparó" contra el Ejecutivo porque hay asuntos que fueron elevados hace más de dos meses y no los responde.

En definitiva, y como se preveía, por 11 votos a 6, el pliego licitatorio se aprobó.

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