“Se trata de algo inédito porque en este caso se optó por no detenerlos mientras cometían ese delito, que propone una pena que va de 6 meses a 3 años de prisión, sino que se los investigó con cámaras de video y testigos.
Las temerarias picadas se realizaban en el sector de la avenida San Martín a la altura del hipermercado Carrefour, y de allí se corría en dirección a la ruta provincial 226. Luego se trasladan en caravanas hasta otros sitios como la avenida 40 entre sus perpendiculares 27 a 31.
Una vez que se inició el expediente, Moure mantuvo reuniones con la Subsecretaría de Protección Ciudadana y luego se desplegaron en forma encubierta una investigación con el fin de obtener filmaciones e identificar a los vehículos involucrados y los responsables de las carreras.
También fue importante la labor del Centro de Monitoreo Municipal ya que dicha área reubicó y reorientó algunas cámaras de seguridad.
Gracias a los videos se pudo identificar a una docena de conductores y puestos a disposición de la justicia, acusados del del delito de infracción artículo 193 bis o “participación en picadas ilegales”.
La medida novedosa estuvo dada en el abordaje de la problemática. “Si bien insume mayor cantidad de tiempo -señaló Moure-, toda vez que se valoró preservar la salud y la vida de los involucrados y los funcionarios públicos actuantes, en razón de que se consideró excesivo el riesgo de interceptar los rodados cuando están realizando las competencias, ya que los participantes de las mismas se encuentran permanentemente en alerta ante la presencia de móviles policiales”.
Es que, según explicó el fiscal, al intentar aprehenderlos en situación de flagrancia se podría haber generado una fuga en estampida aumentando así el peligro de colisión.
Desde el año 2008, la Ley 26.362 modificó el Código Penal de la Nación, configurando a las picadas como un delito reprimido con prisión de 6 meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena.
