El “detective” cumplirá el papel de asistente fiscal en todas las medidas de pruebas que éste disponga, y deberá trabajar en el esclarecimiento de un ilícito.
La norma también crea un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas.
Como en la ley anterior, la nueva Policía Judicial dependerá de la Procuración General de la Suprema Corte, y estará destinada a investigar los delitos de mayor impacto y transcendencia social. Según el art. 5 de dicha norma, la Policía Judicial intervendrá en la investigación de hechos delictivos cometidos en la Provincia de Buenos Aires o por pedidos de colaboración interjurisdiccional, en ambos casos cuando así lo disponga el Procurador General o quien éste designe.
Asimismo, los Fiscales Generales Departamentales, en base a criterios de eficiencia y uso racional de recursos, podrán disponer la intervención de la Policía Judicial asignada a su jurisdicción, debiéndose priorizar aquellos casos complejos, de repercusión pública y/o en los que se investigue a miembros de las fuerzas de seguridad.
La sanción de la nueva norma reinstaló la polémica por las designaciones frenadas en noviembre de 2016 de más de 50 funcionarios que concursaron exitosamente para ocupar los cargos de autoridades del cuerpo pero cuyo nombramiento nunca fue efectivizado.
