Señalaron entre otros conceptos que: “la responsabilidad de dichas decisiones y de la elaboración de las políticas que las comprenden, no sólo corresponde a los Jueces, sino también al Poder Ejecutivo nacional y a los integrantes del Poder Legislativo de diferentes orígenes partidarios, que con acción u omisión han avalado tamañas decisiones y han posibilitado la integración de la Corte Suprema con hombres que admitieron ingresar a ella violando la Constitución que deben sostener.”
Agregaron que: “también son responsables los formadores de opinión que facilitan el olvido y la confusión “.
Al referido acto sumaron su adhesión el Frente para la Victoria, La Cámpora, el Frente Ciudadano, el Movimiento Nacional Alfonsinista, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante y el Ateneo Manuel Dorrego.
Estuvieron presente, entre otros, varios representantes sindicales como Filomena y Mario Santángelo, Marcelo Bruschetti, Armando Poblet, Leandro Cambareri y Carlos Iribarren; el Padre Pablo Bosicio, los concejales De Gerónimo, Pérez y Vismara, y el ex Intendente José L. Pérez.
El texto completo del aplaudido Documento emitido es el siguiente:
“ DESDE BALCARCE DECIMOS: ¡ NUNCA MAS NINGUN GENOCIDA SUELTO ! “
“ Los representantes de las entidades abajo firmantes expresamos nuestro repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgó el beneficio del “dos por uno” al genocida Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y desaparición de trabajadores del Hospital Posadas.
Entendemos que dicha sentencia hace factible que varios centenares de condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad obtengan próximamente su libertad.
No obstante, interpretamos que esa decisión judicial forma parte de una política gubernativa que tiende que tiende a vaciar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Por ello recordamos que:
Se cuestionó el número de desaparecidos.
Se reflotó la “teoría de los dos demonios”
Se intentó deslegitimar los juicios de lesa humanidad.
Se dio mayor lentitud a los procesos judiciales contra los acusados de terrorismo de Estado.
Se facilitó la prisión domiciliaria de los represores, otorgándosela también al siniestro Miguel Etchecolatz hasta ahora sólo demorada por la existencia de otras condenas en su contra.
Se desarticularon oficinas estatales destinadas a colaborar en el juzgamiento a los genocidas.
Se despidió a trabajadores de Programas de acompañamiento de testigos en juicios de lesa humanidad, y de Programas de investigación en favor de las causas.
Se desmantelaron total o parcialmente áreas estatales que investigaban responsabilidades o complicidades con el terrorismo de Estado, y que aportaban pruebas.
Se desfinanciaron áreas relacionadas con las políticas de derechos humanos.
Se quitó visibilidad a los juicios a los represores con el cierre de la agencia de noticias Infojus
Se restituyó a las Fuerzas Armadas parte de la autonomía que le limitara el Presidente Raúl Alfonsín, facultándoles a definir sus conducciones, pases, destinos y la contratación de su personal docente.
Se presionó a Jueces probos con el objeto de lograr su renuncia..
Se calificó de “guerra sucia” a lo que constituyó : “un genocidio”.
Se desprestigió a símbolos del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y se desacreditó a los Organismos de Derechos Humanos.
Se desmantelaron las políticas públicas de Memoria.
Se intentó hacer trasladable al feriado del “24 de marzo” para facilitar su vaciamiento.
Se pretendió emprender la llamada “reconciliación” con la complicidad de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica.
Nuestro máximo Tribunal dispuso que los fallos de la Corte Interamericana no son obligatorios.
Se evitó el avance en la investigación de las complicidades del sector civil empresarial en los crímenes de lesa humanidad.
Frente a todo ello, las entidades abajo firmantes entendemos que la absurda sentencia cortesana que habilita el “2 por 1” a los genocidas haciendo regir una ley derogada 16 años atrás por delitos cometidos 18 años antes de su sanción, no constituye un hecho aislado sino un eslabón más de la larga cadena que pretende consagrar la impunidad de los genocidas que aportaron sucia mano de obra para la implantación del modelo económico que por la fuerza instauró la última dictadura cívico-militar, concretando la voluntad del gran poder económico y de la principal potencia mundial.
Entendemos que la responsabilidad de dichas decisiones y de la elaboración de las políticas que las comprenden, no sólo corresponde a los Jueces, sino también al Poder Ejecutivo nacional y a los integrantes del Poder Legislativo de diferentes orígenes partidarios, que con acción u omisión han avalado tamañas decisiones y han posibilitado la integración de la Corte Suprema con hombres que admitieron ingresar a ella violando la Constitución que deben sostener. Comprende también a los formadores de opinión que facilitan el olvido y la confusión
Consideramos que dicha sentencia no contribuirá a pacificar a los argentinos.
Sostenemos que la verdadera pacificación sólo se logrará con el adecuado castigo a los genocidas, la cárcel común y el permanente imperio de la Justicia.
Afirmamos que la inexistencia de reconocimiento de culpas, arrepentimiento y de propósito de enmienda que evidencian los genocidas, y su falta de colaboración en el esclarecimiento de los crímenes y en señalar el paradero de sus víctimas inhabilitan cualquier intento de reconciliación.
Entendemos que el referido fallo se contrapone con el sentir de la gran mayoría del pueblo argentino interpretado por Las Madres, las Abuelas, Hijos, Familiares, Organismos de Derechos Humanos, barrios, Sindicatos, Partidos populares y nacionales y por las Iglesias que acompañan y sostienen a sus creyentes.
También entendemos que el referido fallo contraría principios básicos de nuestra Constitución y de la normativa internacional sobre derechos humanos.
Por ello desde Balcarce solicitamos a las autoridades políticas y judiciales federales no propiciar la impunidad de los artífices civiles y militares del terrorismo de Estado y facilitar su juzgamiento .
Además, solicitamos al Honorable Concejo Deliberante y al Sr. Intendente Municipal expresar su público repudio al citado fallo “Muiña”, y manifestar contundentemente a las autoridades políticas y judiciales federales su rechazo a la impunidad de los genocidas; respaldando la plena vigencia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que hicieran carne en el pueblo argentino.
SEÑORES JUECES, SEÑORES GOBERNANTES: ¡ NUNCA MAS NINGÚN GENOCIDA SUELTO !
30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES !!!
Balcarce, 10 de mayo de 2017. ”
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –Regional Balcarce-.
SUTEBA Balcarce
CTA Autónoma –
APINTA y adhesión de diferentes organizaciones
