Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
En relación a ese material, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la DIPPBA, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981.
Afirma la CPM que la gravedad de los hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales que se desprenden de estas acciones sino también requieren una respuesta política inmediata. Por ese motivo, la CPM solicita su juicio político al fiscal y que sea suspendido de inmediato en sus funciones.
La permanencia de Fernández Garello como fiscal general, dice el organismo, es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado. Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo. Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad.
